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Entradas del tag: Chief Compliance Officer

Políticas: la cruda realidad

Por Alain Casanovas
el 13. 11. 2014

Las conductas que atentan contra el derecho de la Competencia, incluso las que alcanzan dimensión penal, son las que menos se perciben como ilegales por parte de quienes las cometen. En el año 2010 la Office of Fair Trade (OFT) británica publicó su estudio “Competition Law Compliance Survey” atestiguando este fenómeno. Generar una cultura de cumplimiento en materia de competencia es el primero de los cuatro pilares que propone este organismo para procurar un adecuado respeto a las normas en dicha especialidad. Una forma de hacerlo consiste en formar y sensibilizar a las personas de la organización para que comprendan que la economía de libre mercado no significa poder hacer lo que se quiera.

La cultura de cumplimiento y psicología social

Por Alain Casanovas
el 27. 05. 2013

El cumplimiento de las normas es una manifestación obvia de ética; de ahí que ambos conceptos sean indisociables y la figura del Chief Compliance Officer haya dado lugar a su evolución natural, la del Chief Ethics and Compliance Officer. En este contexto, parafraseando la excelente obra de psicología social escrita por el socio de KPMG y profesor de Business Ethics en la Rotterdam School of Management, Muel Kaptein, los responsables de cumplimiento tienen que conocer bien los motivos por los cuales buena gente hace en ocasiones cosas malas. Una de las 52 reflexiones de la que habla Kaptein tiene que ver con la presión de grupo y efecto de conformidad (conformity), tema del que se habla bastante en los últimos años como factor a considerar en materia de “cultura corporativa”, concepto de aparición cada vez más recurrente en marcos de referencia sobre cumplimiento

Cumplimiento en el sector público

Por Alain Casanovas
el 01. 04. 2013

El proyecto de Ley de Transparencia introduce en el sector público una serie de elementos para consolidar una sociedad crítica, exigente y participativa. Regula la información que debe publicitarse para dotar de transparencia a la gestión pública, alineando tales objetivos con el entendimiento de la Unión Europea, así como con las prácticas de muchos de sus Estados miembros. También cabe destacar que introduce directrices de buen gobierno que afectarán a los responsables públicos, y que no son meramente programáticas sino que adquieren una clara dimensión normativa por su nivel de detalle y capacidad de aplicación directa.